Biocombustible:
una nueva e injustificada intervención.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2012.
Estimad@s,
Les reenvío un artículo de mi autoria publicado hoy por el diaro Cronista Comercial sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas productoras de biocombustible.
Saludos
Carlos Brown
Diputado Nacional, provincia de Buenos Aires.
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Biocombustible: una nueva e
injustificada intervención.
Enorme incertidumbre y preocupación ha generado a lo largo de toda la cadena de valor de los biocombustibles la intervención dispuesta por el Gobierno Nacional a través de una serie de resoluciones de dudoso sustento jurídico dictadas la semana pasada, con altísimo impacto sobre nuestras economías regionales y un gran número de pequeñas y medianas empresas en particular.
En efecto, el nuevo esquema de intervención quedó definido a partir del dictado del Decreto 1339/2012, de la Resolución Conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de Industria y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Nº 438/269/1001, y de la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 1436, todo de fecha 7 de agosto de 2012, determinándose un aumento del 20 al 32 por ciento para las retenciones a la exportación de biodiesel (en uso de una facultad legislativa delegada caduca desde el 24 de agosto de 2010), llevándose a cero los reintegros, y estableciéndose un nuevo “precio de referencia” de uso obligatorio en el mercado interno para la venta de dicho biocombustible, determinado sin ningún criterio conocido por una “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo” creada en virtud de la referida Resolución Conjunta.
Este drástico cambio en las reglas de juego sin lugar a dudas altera de manera decisiva esta importante actividad agroindustrial. En el caso de muchas pequeñas y medianas implica la inmediata ruptura del equilibrio económico, quedando fuera de competencia, con todas las consecuencias que esto conlleva, no solo a nivel de empleo de las propias empresas sino también de las fuentes de trabajo indirectas que las mismas generan, principalmente en las economías regionales donde se encuentran instaladas.
Tal como trascendiera por estos días ha sido el caso de una planta pyme localizada en Daireaux, Provincia de Buenos Aires, que tras el dictado de las nuevas medidas debió interrumpir la producción, dejando sin trabajo a 50 personas.
De acuerdo a la Cámara de Empresas Pymes de Biocombustibles (CEPEB) el cuadro de situación resulta “crítico”, precisando que “a los valores actuales del aceite de soja -que sigue la cotización internacional-, con el precio interno fijado en $ 4.405,3, las plantas pymes pasan a afrontar un margen promedio de -$332,60 por tonelada, sin incluir amortización, intereses ni gastos financieros”. Este margen negativo aumenta lógicamente para aquellas empresas que están más distantes de las aceiteras, por el mayor costo logístico.
Es importante tener presente que prácticamente el total de la capacidad de producción de estas empresas se orienta exclusivamente a atender el mercado local, no teniendo otra alternativa de mercado disponible, como si lo tienen las grandes elaboradoras (dueñas de la materia prima), quienes pueden acceder al mercado de exportación, el cual resulta absolutamente prohibitivo para las pymes, principalmente por razones financieras y logísticas (distancia y ausencia de puertos).
Dando cuenta de esta grave situación, he presentado en el Parlamento con el acompañamiento de mis colegas diputados Graciela Camaño, Enrique Thomas y Gustavo Ferrari un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo.
En él solicito precisiones respecto del sustento jurídico de las normativa dictada; acerca del cálculo realizado por la referida “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo” para la determinación del precio de referencia incorporado a la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 1436; acerca de la evaluación realizada por las autoridades respecto del impacto de estas medidas sobre las condiciones de competencia a lo largo de la cadena de valor de los biocombustibles, y en particular, sobre el entramado de pequeñas y medianas empresas productoras; entre otras cuestiones.
Resulta fundamental evitar que medidas oportunistas puedan poner en riesgo el desarrollo de esta estratégica e incipiente actividad agroindustrial, de enorme potencial. Es responsabilidad de todos los dirigentes cuidar lo que con tanto sacrificio hemos logrado durante años.
Carlos Brown
Diputado Nacional Provincia de Buenos Aires
